sábado, 16 de junio de 2012
Programa Dapnhe
a presente Decisión aborda inicialmente el concepto de violencia de
la que pueden ser víctimas niños, adolescentes y mujeres. Al describir
las graves consecuencias de estas exacciones, el texto recoge la
definición del término «salud» de la Organización Mundial de la Salud,
es decir: un estado de bienestar físico, mental y social completo, no
limitando la salud a la ausencia de enfermedades.
La necesidad de una acción concertada a escala mundial para defender los derechos humanos y poner fin a la violencia se reconoce desde hace tiempo a distintos niveles y de distintas maneras.
En este sentido se han adoptado varias medidas, como el Convenio de 1979 sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres, el Convenio de 1989 sobre los derechos del niño, el Programa de acción de la Conferencia de Pekín de 1995, la Declaración de Estocolmo de 1996 y el Programa de acción adoptado en el primer congreso mundial contra la explotación infantil con fines comerciales.
El programa Daphne, de cuatro años de duración (2000-2003), ha estado formado también por una voluntad de informar sobre la violencia contra los niños, los adolescentes y las mujeres, constituyendo al mismo tiempo una ayuda complementaria importante de los programas existentes. Aunque la acción nacional de numerosos proyectos sea fundamental para el éxito de estas iniciativas, el valor añadido de la dimensión comunitaria es elevado.
Este programa representa el esbozo de una cooperación europea con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones benévolas que desempeñan un papel esencial en la lucha contra la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres. A menudo, prestan servicios que las autoridades públicas no están en condiciones de proporcionar o para los cuales no tienen la competencia necesaria. La sociedad se beneficio mucho del estímulo y la difusión en toda la Comunidad de la experiencia, ideas y programas de las ONG, así como del hecho de compartir este trabajo con organizaciones similares de otros Estados miembros.
Las medidas propuestas por las ONG en el marco de este programa se han referido, por una parte, a la introducción y el refuerzo de redes europeas y, por otra parte, a la realización de proyectos piloto innovadores cuyos resultados podrían explotarse en otros Estados miembros y regiones, aportando así un valor añadido en el ámbito europeo. El programa Daphne permite, en particular, promover y estimular la difusión de buenas prácticas. Es en este sentido en el que, dejando al mismo tiempo un amplio margen a la subsidiariedad, la Unión Europea piensa desempeñar un papel importante.
Se han organizado algunas campañas de información para sensibilizar a la opinión pública sobre los efectos personales y sociales perjudiciales de la violencia sobre las víctimas, en la familia, el grupo social y la sociedad en general.
La acción de las ONG se ha centrado en la mejora y el desarrollo de las siguientes acciones:
La necesidad de una acción concertada a escala mundial para defender los derechos humanos y poner fin a la violencia se reconoce desde hace tiempo a distintos niveles y de distintas maneras.
En este sentido se han adoptado varias medidas, como el Convenio de 1979 sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres, el Convenio de 1989 sobre los derechos del niño, el Programa de acción de la Conferencia de Pekín de 1995, la Declaración de Estocolmo de 1996 y el Programa de acción adoptado en el primer congreso mundial contra la explotación infantil con fines comerciales.
El programa Daphne, de cuatro años de duración (2000-2003), ha estado formado también por una voluntad de informar sobre la violencia contra los niños, los adolescentes y las mujeres, constituyendo al mismo tiempo una ayuda complementaria importante de los programas existentes. Aunque la acción nacional de numerosos proyectos sea fundamental para el éxito de estas iniciativas, el valor añadido de la dimensión comunitaria es elevado.
Este programa representa el esbozo de una cooperación europea con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones benévolas que desempeñan un papel esencial en la lucha contra la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres. A menudo, prestan servicios que las autoridades públicas no están en condiciones de proporcionar o para los cuales no tienen la competencia necesaria. La sociedad se beneficio mucho del estímulo y la difusión en toda la Comunidad de la experiencia, ideas y programas de las ONG, así como del hecho de compartir este trabajo con organizaciones similares de otros Estados miembros.
Las medidas propuestas por las ONG en el marco de este programa se han referido, por una parte, a la introducción y el refuerzo de redes europeas y, por otra parte, a la realización de proyectos piloto innovadores cuyos resultados podrían explotarse en otros Estados miembros y regiones, aportando así un valor añadido en el ámbito europeo. El programa Daphne permite, en particular, promover y estimular la difusión de buenas prácticas. Es en este sentido en el que, dejando al mismo tiempo un amplio margen a la subsidiariedad, la Unión Europea piensa desempeñar un papel importante.
Se han organizado algunas campañas de información para sensibilizar a la opinión pública sobre los efectos personales y sociales perjudiciales de la violencia sobre las víctimas, en la familia, el grupo social y la sociedad en general.
La acción de las ONG se ha centrado en la mejora y el desarrollo de las siguientes acciones:
- intercambio de informaciones, coordinación y cooperación (entre las ONG y las organizaciones benévolas de los distintos Estados miembros y entre las ONG y las autoridades públicas, incluidas las autoridades policiales y los trabajadores sociales);
- sensibilización del público e intercambio de las mejores prácticas por medio de proyectos-piloto y programas de investigación.
La ley de Dependencia Catilla y Leon
El sistema sigue funcionando con una valoración 'muy alta'
Según el director general, sortearán la situación tan 'delicada'
El director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos, ha garantizado que los ciudadanos de la región seguirán recibiendo las prestaciones sociales básicas "a pesar de los recortes y de los posibles problemas presupuestarios".
De Pablos ha asegurado que la nueva ley de Servicios Sociales, que ha presentado en Soria ante los técnicos de 23 entidades sociales, se está aplicando y que el sistema sigue funcionando con una valoración "muy alta" al margen de la situación "económicamente delicada" y ha matizado que "hay que hacer un esfuerzo de eficiencia y de ajuste a los recursos disponibles".
El director general de Familia y Políticas Sociales ha recordado que esta ley es "de las más innovadoras" en España porque "coloca a la persona en el centro de la actuación de los servicios sociales" y que las prestaciones "pasan a convertirse en derechos objetivos de los ciudadanos".
Según, De Pablos, el principal avance ha sido "reorientar todas las políticas sociales en función de las necesidades personales, familiares y sociales de las personas", llevando a cabo una planificación integral y un "acceso único" a través de la "solicitud única" a diferencia de la planificación fragmentada por sectores que existía anteriormente.
Esto supone que los derechos reconocidos en la Ley de Dependencia se integran en esta nueva Ley de Servicios Sociales, a diferencia de otras comunidades donde las prestaciones están separadas.
De Pablos ha apuntado que la nueva Ley crea un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública en el que no solo están incluidos los servicios sociales propios de las administraciones sino el conjunto de servicios sociales directa o indirectamente financiados con dinero público.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está elaborando un mapa y un catálogo de Servicios Sociales que fijará, ordenará y calificará las prestaciones del sistema en función de las necesidades de los usuarios.
Según se informa desde esta área, la Ley reconoce 19 prestaciones como derechos garantizados para las personas que cumplan con los requisitos pertinentes.
Según el director general, sortearán la situación tan 'delicada'
El director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos, ha garantizado que los ciudadanos de la región seguirán recibiendo las prestaciones sociales básicas "a pesar de los recortes y de los posibles problemas presupuestarios".
De Pablos ha asegurado que la nueva ley de Servicios Sociales, que ha presentado en Soria ante los técnicos de 23 entidades sociales, se está aplicando y que el sistema sigue funcionando con una valoración "muy alta" al margen de la situación "económicamente delicada" y ha matizado que "hay que hacer un esfuerzo de eficiencia y de ajuste a los recursos disponibles".
El director general de Familia y Políticas Sociales ha recordado que esta ley es "de las más innovadoras" en España porque "coloca a la persona en el centro de la actuación de los servicios sociales" y que las prestaciones "pasan a convertirse en derechos objetivos de los ciudadanos".
Según, De Pablos, el principal avance ha sido "reorientar todas las políticas sociales en función de las necesidades personales, familiares y sociales de las personas", llevando a cabo una planificación integral y un "acceso único" a través de la "solicitud única" a diferencia de la planificación fragmentada por sectores que existía anteriormente.
Esto supone que los derechos reconocidos en la Ley de Dependencia se integran en esta nueva Ley de Servicios Sociales, a diferencia de otras comunidades donde las prestaciones están separadas.
De Pablos ha apuntado que la nueva Ley crea un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública en el que no solo están incluidos los servicios sociales propios de las administraciones sino el conjunto de servicios sociales directa o indirectamente financiados con dinero público.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está elaborando un mapa y un catálogo de Servicios Sociales que fijará, ordenará y calificará las prestaciones del sistema en función de las necesidades de los usuarios.
Según se informa desde esta área, la Ley reconoce 19 prestaciones como derechos garantizados para las personas que cumplan con los requisitos pertinentes.
Personas mayores
El continuo aumento de la longevidad es un logro importante de nuestras
sociedades que exige, sin embargo, cambios y adaptaciones continuos de
los servicios destinados a dar respuesta al envejecimiento de la
población.
El objetivo último de las políticas sociales relacionadas con el envejecimiento es el de propiciar una sociedad para todas las edades basada en la protección contra la discriminación por motivos de edad, reafirmando los principios defendidos por Naciones Unidas a favor de las personas de edad, como son: independencia, participación, cuidados, realización del potencial propio y dignidad.
Se apuesta por la participación de las personas fomentando entornos que propicien la vejez activa, la educación permanente y el acceso a las tecnologías modernas de la información y las comunicaciones así como al voluntariado y la acción cívica.
Así pues, las prestaciones y servicios en materia de Política Social serán diversas y tendrán en consideración, siempre que sea posible, las preferencias y necesidades de las personas, entendiendo que esta política mejora su calidad de vida y contribuye al ejercicio de la vida independiente.
A tal fin, se arbitrarán medidas diversificadas que, por una parte, promuevan la autonomía personal y la prevención de situaciones de dependencia y, por otra, den cobertura a las personas en situación de dependencia.
El objetivo último de las políticas sociales relacionadas con el envejecimiento es el de propiciar una sociedad para todas las edades basada en la protección contra la discriminación por motivos de edad, reafirmando los principios defendidos por Naciones Unidas a favor de las personas de edad, como son: independencia, participación, cuidados, realización del potencial propio y dignidad.
Se apuesta por la participación de las personas fomentando entornos que propicien la vejez activa, la educación permanente y el acceso a las tecnologías modernas de la información y las comunicaciones así como al voluntariado y la acción cívica.
Así pues, las prestaciones y servicios en materia de Política Social serán diversas y tendrán en consideración, siempre que sea posible, las preferencias y necesidades de las personas, entendiendo que esta política mejora su calidad de vida y contribuye al ejercicio de la vida independiente.
A tal fin, se arbitrarán medidas diversificadas que, por una parte, promuevan la autonomía personal y la prevención de situaciones de dependencia y, por otra, den cobertura a las personas en situación de dependencia.
Exclusión social Navarra
a Dirección General de Política Social y Consumo tiene entre sus
competencias, desarrollar programas, gestionar prestaciones e impulsar
iniciativas destinadas a luchar contra la exclusión social. En esta
situación se encuentran las personas que presentan una acumulación de
barreras y límites que les dejan fuera de la participación en la vida
social y el estado de bienestar mayoritarios. Dicha competencia la
ejerce a través del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social.
El conjunto de prestaciones y servicios de los que se dispone para lograr este objetivo es el descrito en la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general (Decreto foral 69/2008 del 17 de junio). Este documento describe las medidas para la Inclusión Social, clasificándolas como “garantizadas” y “no garantizadas”.
Para luchar contra la pobreza económica, se dispone de prestaciones económicas que garantizan un nivel de ingresos mínimos, por medio de:
La carencia de una vivienda digna, se trata de paliar a través del Programa de Vivienda de Integración Social, gestionado por los departamentos de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, y el de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra en sus dos modalidades: compra y alquiler. Para apoyar a los Servicios Sociales de Base en temas relacionados con la exclusión residencial, se crea el Equipo de Incorporación Social en Vivienda (EISOVI).
Estas intervenciones se desarrollan en el marco de transferencias a terceros, convenios u otras formas de colaboración, destinadas potenciar iniciativas de Entidades que trabajan con personas en situación de exclusión social. Todas las actuaciones se llevan a cabo de acuerdo con las directrices recogidas en el marco de la política social, del Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, especialmente, de aquellas cuya finalidad coincida con el cumplimiento de los objetivos reseñados en el Plan de Lucha contra la Exclusión Social.
La lucha contra la exclusión social y su prevención debe ser ejercida por todos los estamentos de la Administración de manera transversal, incorporándola como valor en sus políticas.
Para apoyar la actuación de la iniciativa privada (imprescindible para una intervención social eficaz), se disponen de distintas convocatorias de subvenciones, que abarcan, entre otros, los siguientes programas:
El conjunto de prestaciones y servicios de los que se dispone para lograr este objetivo es el descrito en la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general (Decreto foral 69/2008 del 17 de junio). Este documento describe las medidas para la Inclusión Social, clasificándolas como “garantizadas” y “no garantizadas”.
Para luchar contra la pobreza económica, se dispone de prestaciones económicas que garantizan un nivel de ingresos mínimos, por medio de:
- Renta de Inclusión Social
- Ayudas Extraordinarias de Emergencia Social
- Ayudas de apoyo a la Integración Familiar y Social
- Programa de Empleo Social Protegido
- Ayudas para la incorporación sociolaboral y mejora de la empleabilidad
- Ayudas para la contratación
La carencia de una vivienda digna, se trata de paliar a través del Programa de Vivienda de Integración Social, gestionado por los departamentos de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, y el de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra en sus dos modalidades: compra y alquiler. Para apoyar a los Servicios Sociales de Base en temas relacionados con la exclusión residencial, se crea el Equipo de Incorporación Social en Vivienda (EISOVI).
Estas intervenciones se desarrollan en el marco de transferencias a terceros, convenios u otras formas de colaboración, destinadas potenciar iniciativas de Entidades que trabajan con personas en situación de exclusión social. Todas las actuaciones se llevan a cabo de acuerdo con las directrices recogidas en el marco de la política social, del Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, especialmente, de aquellas cuya finalidad coincida con el cumplimiento de los objetivos reseñados en el Plan de Lucha contra la Exclusión Social.
La lucha contra la exclusión social y su prevención debe ser ejercida por todos los estamentos de la Administración de manera transversal, incorporándola como valor en sus políticas.
Para apoyar la actuación de la iniciativa privada (imprescindible para una intervención social eficaz), se disponen de distintas convocatorias de subvenciones, que abarcan, entre otros, los siguientes programas:
- Programas de Incorporación Sociolaboral en comunidades terapéuticas.
- Intervención social con población inmigrante.
- Intervención social con población gitana.
- Apoyo al funcionamiento de asociaciones gitanas.
- Actuaciones en el campo de la exclusión residencial.
- Acciones de incorporación laboral.
- Actuaciones de sensibilización.
- Otras formas de exclusión social emergentes (prostitución, comedores sociales...).
- Gestión de pisos residencia para personas presas y expresas.
- Programa de Incorporación Socio Laboral de minoría étnica gitana (Acceder).
- Mediación en el adelanto del cobro de prestaciones (Cáritas).
- Banco de alimentos.
Tecnologia adaptada al ciudadano con discapacidad
La tecnología ha irrumpido en nuestras vidas y nos ha obligado a
aprender sobre la marcha, pero no todos tienen las mismas posibilidades.
Se calcula que en la UE una de cada seis personas padece algún tipo de
discapacidad y 87 millones de personas son mayores de 65 años.
Para ellos está pensado el proyecto APSIS4all, que lleva a cabo un consorcio de empresas europeas y está financiado al 50% por la Comisión Europea. Se inició en abril de 2011 y tiene una duración de 3 años, dos de desarrollo y uno de observación de resultados.
La idea es que con una simple tarjeta personalizada, cualquier ciudadano pueda interactuar ante un terminal de autoservicio. Por parte española, participa en el proyecto La Caixa y su director de Cajeros, Ramiro Sánchez Crespo, nos ha contado los detalles.
Para ellos está pensado el proyecto APSIS4all, que lleva a cabo un consorcio de empresas europeas y está financiado al 50% por la Comisión Europea. Se inició en abril de 2011 y tiene una duración de 3 años, dos de desarrollo y uno de observación de resultados.
La idea es que con una simple tarjeta personalizada, cualquier ciudadano pueda interactuar ante un terminal de autoservicio. Por parte española, participa en el proyecto La Caixa y su director de Cajeros, Ramiro Sánchez Crespo, nos ha contado los detalles.
El 45% de hospitales cerrará por las tardes
La consejera de Salud, María Jesús Montero, ya había advertido que el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS)
iba a ser este año especialmente austero. “Hay que buscar siempre la
máxima eficiencia y más en un año de crisis”, señaló hace unas semanas.
Finalmente, ninguna capital se quedará sin asistencia por las tardes,
una hipótesis que se había trasladado desde algunos sindicatos. Pero en
la mayoría se cerrarán por las tardes de julio, agosto y la primera
quincena de septiembre más centros que el verano pasado y habrá más
centros cerrados que abiertos.
En cifras globales, de 15.00 a 20.00 cerrarán el 45% de centros de atención primaria y puntos de urgencias (el año pasado cerró el 32%). Mientras en las zonas costeras los servicios se refuerzan ante la llegada de veraneantes, en las de interior, los cierres se disparan. En la misma proporción que se reduce la demanda de asistencia, según argumentó la Consejería de Salud, que informó este viernes por la tarde del plan a través de un comunicado.
El departamento que dirige Montero explicó que las citas ordinarias en las consultas de pediatría caen hasta en un 85% por las tardes en los centros de atención primaria. En el caso de Sevilla, por ejemplo, en los centros de La Campana y Polígono Norte el año pasado la media de pacientes durante las tardes de agosto fue de cinco y 11, respectivamente. Este año ambos permanecerán cerrados, como otros 25 de los 36 que habitualmente prestan servicios por las tardes en Sevilla capital (el verano pasado cerraron 21).
En el resto de capitales, la afluencia baja también considerablemente en las tardes de verano. Según datos del SAS, en Granada la demanda cae alrededor del 60% respecto al resto del año; e incluso en Málaga, a pesar de ser capital costera, la afluencia a los centros de salud se reduce el 40% estos meses. El SAS se ha basado en estos datos para decidir cerrar 21 de los 28 centros que habitualmente ofrecen consultas de 15.00 a 20.00 en Málaga; seis de los siete de Jaén; 13 de los 16 de Granada; dos de los 10 de Almería; tres de los siete de Cádiz; y siete de los 12 de Córdoba. Huelva es la única ciudad que mantendrá abiertos todos sus centros por las tardes. El cierre de centros en los pueblos de toda la Comunidad, según fuentes de la Consejería salud, será “mínimo”.
Salud estima que con este plan se ahorrará 6,4 millones de euros, “una cantidad equivalente, por ejemplo, al coste de realizar más de 4.500 intervenciones de cataratas, 64.000 TACs o atender 4.200 partos”. El plan incluye también el refuerzo de hasta 45 centros de atención primaria de las zonas costeras donde se contratará a 198 profesionales, según los datos aportados ayer.
Como en años anteriores, el plan de verano contempla también cerrar camas de ingreso. El 13% de las de los hospitales andaluces permanecerán cerradas en julio y agosto, un porcentaje similar al de 2011, asegura el SAS. Estas camas quedarán “en reserva” por si hace falta utilizarlas. Salud está a la espera de conocer definitivamente cómo queda el decreto de recortes del Gobierno andaluz para terminar de cuadrar las vacaciones y los contratos por sustituciones. Los sindicatos ya han advertido de que se temen que la cifra de contratos sea mucho menor que en años anteriores, aunque fuentes de Salud no prevén que no habrá grandes cambios.
En cifras globales, de 15.00 a 20.00 cerrarán el 45% de centros de atención primaria y puntos de urgencias (el año pasado cerró el 32%). Mientras en las zonas costeras los servicios se refuerzan ante la llegada de veraneantes, en las de interior, los cierres se disparan. En la misma proporción que se reduce la demanda de asistencia, según argumentó la Consejería de Salud, que informó este viernes por la tarde del plan a través de un comunicado.
El departamento que dirige Montero explicó que las citas ordinarias en las consultas de pediatría caen hasta en un 85% por las tardes en los centros de atención primaria. En el caso de Sevilla, por ejemplo, en los centros de La Campana y Polígono Norte el año pasado la media de pacientes durante las tardes de agosto fue de cinco y 11, respectivamente. Este año ambos permanecerán cerrados, como otros 25 de los 36 que habitualmente prestan servicios por las tardes en Sevilla capital (el verano pasado cerraron 21).
En el resto de capitales, la afluencia baja también considerablemente en las tardes de verano. Según datos del SAS, en Granada la demanda cae alrededor del 60% respecto al resto del año; e incluso en Málaga, a pesar de ser capital costera, la afluencia a los centros de salud se reduce el 40% estos meses. El SAS se ha basado en estos datos para decidir cerrar 21 de los 28 centros que habitualmente ofrecen consultas de 15.00 a 20.00 en Málaga; seis de los siete de Jaén; 13 de los 16 de Granada; dos de los 10 de Almería; tres de los siete de Cádiz; y siete de los 12 de Córdoba. Huelva es la única ciudad que mantendrá abiertos todos sus centros por las tardes. El cierre de centros en los pueblos de toda la Comunidad, según fuentes de la Consejería salud, será “mínimo”.
Salud estima que con este plan se ahorrará 6,4 millones de euros, “una cantidad equivalente, por ejemplo, al coste de realizar más de 4.500 intervenciones de cataratas, 64.000 TACs o atender 4.200 partos”. El plan incluye también el refuerzo de hasta 45 centros de atención primaria de las zonas costeras donde se contratará a 198 profesionales, según los datos aportados ayer.
Como en años anteriores, el plan de verano contempla también cerrar camas de ingreso. El 13% de las de los hospitales andaluces permanecerán cerradas en julio y agosto, un porcentaje similar al de 2011, asegura el SAS. Estas camas quedarán “en reserva” por si hace falta utilizarlas. Salud está a la espera de conocer definitivamente cómo queda el decreto de recortes del Gobierno andaluz para terminar de cuadrar las vacaciones y los contratos por sustituciones. Los sindicatos ya han advertido de que se temen que la cifra de contratos sea mucho menor que en años anteriores, aunque fuentes de Salud no prevén que no habrá grandes cambios.
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